miércoles, 3 de marzo de 2010

¿Toleramos el machismo si es musulmán?


Madres inmigrantes  y españolas 

El respeto a la libertad religiosa no incluye aceptar discriminación de la mujer - La batalla por la igualdad parece excluir al mundo islámico - Pero hay límites claros: los derechos fundamentales

FERRAN BALSELLS EL PAÍS,  03/03/2010
 

Mujeres encerradas en casa para evitar que se relacionen, sin conocimiento del castellano, relegadas a una suerte de clausura por maridos que rechazan integrarse y no dejan integrar. El retrato podría ser de otro siglo, pero pertenece al colectivo musulmán que la alcaldesa de Cunit (Tarragona), la socialista Judit Alberich, describió ante el juez el año pasado en su declaración por un supuesto caso de acoso en el municipio. Fatima Ghailan, ciudadana española de origen marroquí y mediadora cultural de la localidad, denunció por coacción a cuatro miembros de la comunidad islámica del municipio, entre ellos el imán. La instrucción judicial refiere que la hostigaban por motivos como tener un empleo, conducir un coche y no llevar velo. En el supuesto acoso, ofrecieron a su marido casarse con otra mujer.

La batalla por desarmar el machismo en la sociedad española contrasta con estos hábitos, arraigados en parte del colectivo musulmán y consentidos por la Administración. "No se trata de un machismo inherente al musulmán", aclara Bernabé López, catedrático de Historia del Islam Contemporáneo en la Universidad Autónoma de Madrid. "Es un problema larvado de una sociedad patriarcal y rural. El islam que está viniendo a España es el de periferias urbanas, no ilustrado. Añaden a sus creencias una barbaridad que se debe combatir pese a que el factor religioso dificulta abordar el asunto", precisa.

Alberich lo abordó mediando entre las partes para evitar un conflicto en la comunidad musulmana de la localidad, lo que algunos consideran una concesión excesiva, algo que no se habría permitido entre miembros de otra religión. "Es un buenismo peligroso y mal entendido", señala José María Contreras, director general de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, entidad que ejerce de enlace entre el Gobierno y los cerca de 1,3 millones de musulmanes residentes en España, en su mayoría de origen marroquí. "El límite de la libertad religiosa es el de las libertades fundamentales. Ante una denuncia la respuesta es ponerse, con todas las cautelas, del lado del denunciante. De lo contrario esa tolerancia implica una rendición de la libertad individual", detalla. En el camino hacia la paz social de Cunit las denunciantes como Ghailan son animadas a retractarse para mantener el orden vigente. El caso también alerta sobre si contemporizar con el aislamiento femenino de una comunidad aborda el problema o da aliento a perpetuar la situación. "En toda mediación debe fijarse una línea roja que no se puede cruzar", razona Contreras. Ghailan mantuvo la denuncia, y la Fiscalía pide ahora penas de entre cinco a dos años de cárcel para los presuntos acosadores.

"El límite es negarse a fomentar comunidades marginadas. Cuando el conservadurismo extremo se excusa en el islam para no participar en la sociedad, hay que combatirlo", resume Mohamed Chaib, diputado autonómico del PSC y único representante político español de origen árabe y español, fuera de Ceuta y Melilla.
Chaib llegó a Sant Boi de Llobregat (Barcelona) procedente de Tánger a finales de los sesenta, un niño en uno de los primeros escenarios de acogida de la inmigración marroquí. "Había padres que no dejaban a sus hijas relacionarse con otros jóvenes, pero colaboramos con ellos hasta romper esa tradición. Se debe pelear en estos terrenos que parecen religiosos pero no lo son", señala antes de admitir que la política evita ese debate "por incómodo".

Parte del colectivo musulmán corrobora la falta de implicación que lamenta Chaib. "La Administración fomenta que la intromisión en las comunidades musulmanas parezca algo prohibido. Que los líderes se aferren a su cargo como si fuera una monarquía", se queja Mimon Jalich, musulmán nacido en Melilla y secretario general de la Unión de Centros Islámicos de Catalunya. Su perspectiva dibuja un colectivo fragmentado y receloso de ceder influencias ante el resto de comunidades, estructuradas como una suerte de taifas. En España hay cerca de 1,3 millones de musulmanes y 740 oratorios registrados, además de varios centenares de centros que funcionan de forma alegal. Al margen de una docena de grandes mezquitas, el resto son centros precariamente habilitados en pisos, naves o garajes, regentados por colectivos poco permeables entre sí. "Sólo se consienten los puentes justos y necesarios. La Administración acaba implicando a una parte minoritaria de la comunidad, por lo general la menos necesitada", lamenta Jalich.

La relación entre las administraciones y los ciudadanos españoles de origen marroquí fluye a través de entidades religiosas, culturales y deportivas. Pero la desestructuración del colectivo deja a gran parte de inmigrantes al margen de ese flujo. "En ese espacio viven musulmanas agredidas por sus maridos que las amenazan con devolverlas a su país de origen, esposas en situación irregular que no denuncian abusos por temor a ser expulsadas, y otras que abandonan a su pareja y terminan en la calle sin recurso alguno", relata Laure Rodríguez, trabajadora social y musulmana conversa que dirige la Unión de Mujeres Musulmanas de España.

Las mujeres que se rebelan suelen hallar el desamparo de una sociedad que no las contempla. "La mayoría terminan en la calle y en la prostitución. Ni tienen estudios ni logran de qué trabajar porque tampoco conocen el idioma", precisa Hadar Saabi, musulmana marroquí y ponente de varios congresos de feminismo islámico en España. Se trata de espacios contemplados ocasionalmente para hacer valer la Ley de Extranjería pero ignorados en políticas de igualdad. "No nos llegan. La Administración no presiona porque ha cundido la idea de que el islam justifica el maltrato, la inferioridad de la mujer. Domina una tolerancia que hace fracasar a la igualdad de género para la mujer musulmana. La sociedad ha asumido este esquema mental y nos ha vuelto invisibles", protesta Rodríguez.

La Administración teme pisar cristales en este terreno donde algunos ayuntamientos batallan desde hace años. "Las autoridades deben ser conscientes del discurso que manejan. No vale todo", razona Juan Francisco Iborra, responsable de inmigración de Roquetas de Mar (Almería). El municipio lleva décadas gestionando una fuerte presencia de colectivos musulmanes de origen subsahariano y marroquí que representa ya el 25% de la población. Hace dos veranos prendieron la localidad en una serie de violentas revueltas tras el asesinato de un senegalés. "Debe afrontarse con cautela, paso a paso. Con la mediación hemos logrado una convivencia aceptable pero requiere colaboración y gestos claros". Iborra pone un ejemplo: retrasó la apertura de una mezquita porque se insistía en mantener un acceso para hombres y otro para mujeres. "En un lugar público es ilegal. Les insistimos en que el ámbito de lo público se regula por la ley española. Ahora el local está abierto".

El Gobierno conoce la lección. "El Islam como religión es compatible con la democracia, como cultura introduce elementos difíciles de compaginar. Españoles y musulmanes debemos distinguir entre una cosa y otra, exigir el reconocimiento de la mujer es esencial para abrir esa brecha", asevera el director general de Asuntos Religiosos. Contreras traza la ruta: el islam deseado arranca con el conocimiento de la lengua, sociedad y leyes españolas; prosigue aplicando una igualdad de género efectiva y desemboca en una religión tolerante con la disidencia entre sus miembros. "No podemos decir al colectivo islámico que trabajamos para que un musulmán pueda dejar de creer el día de mañana", frena el parlamentario Chaib. "El no creyente es inconcebible para el mundo musulmán. Se puede ser más o menos practicante, por ahora no hay más", apunta. "Es cuestión de tiempo", atempera Abdennur Prado, musulmán converso presidente de la Junta Islámica Catalana y director del Congreso Internacional de Feminismo Islámico.

No hay datos, pero se estima que hay unos 30.000 conversos al islam en España. Encarnan la parte más progresista y menos representativa, y aspiran a convertirse en la bisagra que articule el islam anhelado por el prisma occidental. "El punto de partida es la igualdad del hombre y la mujer, valor que el islam comparte. Pero el Gobierno debe volcarse, ignora lo que ocurre a pie de calle", asegura Prado. El diálogo entre el Gobierno y el islam no llega a la calle porque se pierde en otras esferas. El Estado legitimó en 1992 a la Comisión Islámica de España como interlocutor para cuestiones religiosas relacionadas con los musulmanes, entidad vista con recelo por algunos musulmanes dados sus intereses afines a la monarquía marroquí. "Hay quien viene a España huyendo del acoso del régimen de Marruecos y aquí topan con más de lo mismo", advierte Prado.

"Estamos trabajando en otros medios porque la Comisión ya no es representativa", admite Contreras. "El Gobierno impulsa leyes de paridad pero en la Comisión Islámica no hay rastro de una sola mujer musulmana. Tampoco permiten a las mujeres acceder a la mayoría de mezquitas. Nadie les presiona para cambiarlo", pone el dedo en la llaga Saabi.

La lección falla en un momento delicado. "El musulmán ya no es inmigrante, a partir de ahora es español y la sociedad debe normalizar su presencia", advierte José Manuel López, director de la Fundación Pluralismo y Convivencia, creada por el Gobierno en 2004 para promover la integración de creencias religiosas minoritarias. En las aulas converge ya una segunda generación de musulmanes españoles compuesta por 200.000 jóvenes nacidos o criados en España. Europa conoce los riesgos del proceso: el modelo francés sigue debatiendo sobre la identidad de los cinco millones de ciudadanos musulmanes después de cuatro generaciones en un proceso de asimilación que se reconoce desbordado. "¡Qué fracaso sería para España perpetuar el machismo que colectivos musulmanes arrastran de una remota sociedad rural!", cuenta alarmado el diputado Chaib. "¡Qué desastre si los hijos de musulmanes no reconocen nuestros valores porque el país no les ha tenido en cuenta!", añade y, sin quererlo, su tono resuena a inquietante profecía.

El imán en España: asalariado y sin formación

La estrategia de la Administración para influir en el colectivo musulmán confiere un papel clave a la figura del imán. "Es el contacto para saber qué ocurre en cada mezquita. El problema es que no tiene ningún cauce de formación", dice José María Contreras, director general de la Oficina Asuntos Religiosos. En los países musulmanes, el Estado controla la selección y actuación de los imanes, clérigos con más de 10 años de estudios religiosos. En España puede serlo cualquiera. Un intelectual o un inmigrante que busque en la religión una salida económica.

Salvo en la decena de grandes mezquitas sufragadas con capital extranjero (Arabia Saudí, Siria o Emiratos Árabes), la mayoría de oraciones diarias en los 740 centros de rezo registrados las dirigen imanes marroquíes. Su formación suele ir ligada a las comunidades que les contratan. La elección depende de afinidades como la espiritualidad, lugar de origen y, sobre todo, la capacidad adquisitiva de cada comunidad. El imán es un asalariado que puede cobrar entre 600 y 1.200 euros mensuales. Si el colectivo lo integran inmigrantes rurales, pobres y con escaso nivel formativo, la formación del imán tenderá a moverse en esos parámetros.

El Gobierno no dispone de un perfil de los guías de la oración musulmana. La experiencia de Hesham El Sadr, promotor de la Asociación Cultural Islámica Attawwhid, ofrece uno oficioso. "Suelen ser personas llegadas en patera y sin medios que aceptarían cualquier empleo. Tienen un ligero conocimiento del Corán y ofrecen sus servicios", retrata. El imán de Cunit imputado por acosar a una mujer musulmana de la localidad solía trabajar en la construcción y se le encomendó la dirección del rezo porque sabe algo más de Corán que el resto, señalan miembros del colectivo. "Tras casi dos décadas viviendo en Cataluña no he encontrado ningún imán digno del cargo", lamenta El Sadr.

La relevancia que la Administración otorga al imán contrasta con la carencia de conocimientos. "Muchos ni hablan español, ni saben qué leyes deben respetar", advierte Hadar Saabi, ponente de varios congresos de feminismo islámico. Tal precariedad torpedea cualquier estrategia de integración.


Elogio de la disidencia

JORDI MORERAS EL PAÍS 03/03/2010

La casualidad ha hecho que tengamos que hablar del caso de la mediadora cultural de Cunit, 10 años más tarde de los graves sucesos de Ca n’Anglada (Terrassa) y El Ejido (Almería). La denuncia por coacciones presentada por Fatima Ghailan quizás no sea comparable al espectáculo de aquellas violentas manifestaciones racistas contra el colectivo marroquí. A no ser que la interpretemos como una cuestión de segundo orden que, más allá del principio de acogida de las poblaciones inmigradas, nos interroga en torno a los mecanismos que regulan nuestra convivencia social. Se ha argumentado que en el trasfondo de este caso se producía una pugna por la autoridad en este colectivo local. Más allá de la fragmentación interna de la comunidad marroquí de Cunit, este caso ha puesto en evidencia que los mecanismos de selección de los liderazgos comunitarios por parte de las instituciones políticas locales presentan fuertes ambigüedades. En esta ocasión han fallado los mecanismos de autorregulación que debe tener todo colectivo para impedir que un exceso de autoridad derive en un acto de coacción. Pero también ha fallado ese principio de contraste en el ejercicio de la autoridad, que toda institución pública ha de exigir a aquellos a los que se ha otorgado el reconocimiento de su liderazgo. El “te reconozco por lo que representas”, no ha tenido continuación en “te exijo un compromiso cívico y responsable”.

Me preocupa que en éste y en otros casos (puesto que ha habido otros anteriormente), no hayamos sido capaces de establecer criterios de vigilancia democrática respecto a liderazgos (sean religiosos, comunitarios o políticos) que ejerzan con celo un principio de autoridad “con respecto a los propios”, dejando en evidencia la condición ciudadana que a todos nos iguala. Tales expresiones de “neutralidad” socavan una de las virtudes de nuestro sistema democrático, como es garantizar el principio de disidencia como expresión de la libertad y la autonomía individual. La negativa a aceptar ser encasillados por nuestros orígenes, a optar por otros caminos diferentes de los que nos exigen nuestras diversas pertenencias, constituye un punto de referencia central dentro de la vida en una sociedad abierta. Quizás una de las principales debilidades de un multiculturalismo mal entendido sea vaciar de sentido este principio de disidencia al priorizar los vínculos que nos atan a comunidades diferenciadas desde el nacimiento hasta la muerte. Sin la disidencia, nuestra autonomía personal se ve erosionada; si no la protegemos activamente, llegará un momento en que alguien nos recomiende que hablemos “con los nuestros” para solucionar “nuestros” problemas. En ese momento, todos nos sentiremos cerca de Fatima, y seremos conscientes de lo poco que hemos aprendido de Ca n’Anglada y de El Ejido.

Jordi Moreras es profesor de sociología y experto del movimiento islámico en Cataluña

La inmigración en España