Inmigrantes y violencia machista

Las inmigrantes son aún más vulnerables

Las extranjeras representan un 10% de las mujeres en España, pero acumulan más del 30% de muertes por violencia machista - Su indefensión les aboca a la condición de víctimas

MARTA ALBIÑANA
EL PAÍS - Sociedad - 08-08-2008

La violencia contra las mujeres puede estallar en cualquier rincón y en todas las capas de la sociedad. Pero existe un colectivo especialmente susceptible al maltrato: las inmigrantes, en especial las que se hallan en situación irregular o han llegado tras un proceso de reagrupación familiar. Los agresores se aprovechan de su indefensión emocional, jurídica y económica -no conocen a nadie, no son independientes ante la justicia y no tienen permiso de trabajo- para someterlas y mantenerlas bajo su yugo.

Las extranjeras, sobre todo las latinoamericanas -que son las que tienen más presencia en España-, provienen de estructuras socioculturales fundamentadas en el patriarcado. Las mismas pautas que sus parejas reproducen aquí. Pero también hay algunos españoles casados con extranjeras que siguen esos mismos patrones. Y cuando ellas llegan aquí y quieren desprenderse de las cadenas machistas y ser independientes, ellos sienten que pierden el control, dicen los expertos. Ellas se rebelan y la mecha prende: un insulto, una amenaza, una bofetada... Él se convierte en agresor, y el mecanismo de la violencia de género se pone en marcha.

Marisa -nombre ficticio- es de Ecuador y tiene 34 años. Lleva cinco en España. Conoció aquí al que fue su pareja, de su misma nacionalidad, y se quedó embarazada. La felicidad duró tan sólo unos meses. Luego, él la empezó a maltratar. "Me golpeaba muy fuerte, con cualquier excusa; me insultaba y me lanzaba cosas para hacerme daño". Marisa estaba embarazada. "Mis compañeras me decían que lo denunciara, pero a mí me daba miedo irme de casa. '¿Qué le voy a dar de comer a mi hija? ¿Adónde voy a ir?', me preguntaba. Sentía que la vida se me estaba yendo". Un día fue a la Policía. "Me dijeron que si no presentaba golpes no podían hacer nada". Poco después vio claro que tenía que poner fin a esa espiral violenta, se llenó de valor y denunció. Estuvo en una casa de acogida hasta que consiguió la orden de protección. "Como era irregular, no recibí ayudas".

Marisa salió con vida, pero hay otras inmigrantes que no lo lograron, como María de León Reyes, dominicana de 37 años que desapareció en Gijón y fue encontrada muerta hace tres días, o Diana, una joven hondureña de 20, cuyo agresor se entregó en Figueres (Girona). En 1999 fueron siete (el 14%), de un total de 54 mujeres asesinadas, según datos del Instituto de la Mujer. Años después, en 2007, tras el fenómeno migratorio, las víctimas extranjeras se elevaron a 28 (el 39,4%), entre las 71 muertas registradas. En lo que va de año, de las 37 mujeres que han perdido la vida a manos de la violencia machista 15 de ellas (el 40%) eran inmigrantes, según las cifras oficiales. Estos datos reflejan que la mayoría de mujeres asesinadas por sus cónyuges o ex parejas son de nacionalidad española, pero descubren otra realidad paralela, diferente, y demuestran la "sobreexposición y la sobrerepresentación" de las víctimas extranjeras, en palabras del delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente. De los 22,8 millones de mujeres que hay en España, 2,1 millones son inmigrantes (el 9,2%). Teniendo en cuenta este porcentaje, ahí va el dato preocupante: la tasa de extranjeras asesinadas por millón de mujeres inmigrantes fue de 13,18 en 2007, mientras que la misma cifra respecto las víctimas nacionales fue de 2,05.

El informe Mujeres inmigrantes y Violencia de Género de la Federación de Mujeres Progresistas deja muy claro que este colectivo, "por el hecho de ser extranjero", está rodeado de "una serie de circunstancias que aumentan su desamparo y dificultan la ruptura del ciclo violento". La primera recibe el nombre de "duelo migratorio": la mujer que emigra se encuentra desarraigada, en un país extraño, de costumbres y culturas ajenas, sin su familia y sin sus hijos -en la mayoría de los casos- y, en gran medida, con sus expectativas frustradas. "Muchas vienen pensando que esto es un paraíso para hacer dinero. Allí les interesa que la gente emigre para que luego manden remesas", explica Yolanda Mateo, psicóloga de la ONG Vomade. Si el reajuste psicológico no se alcanza, se producen una serie de alteraciones psíquicas o mentales que, con frecuencia, derivan en depresión y ansiedad. Según el doctor Joseba Achótegui, de la Universidad de Barcelona, este trastorno afecta a 600.000 inmigrantes irregulares y otros 200.000 en situación de temporalidad. Estas mujeres, pues, pueden soportar situaciones de maltrato por diversas razones: emprender acciones legales contra su pareja añadiría aún mayor carga emocional y traumática a sus vidas y podrían verlo, más que como una liberación, como una complicación añadida que, en algunos casos, conllevaría el rechazo de familiares y amigos. Es decir, se enfrentarían a una nueva situación de desarraigo. "Ellas no se atreven a denunciar porque podrían expulsar a sus maridos o parejas, y ellos son lo único que tienen y conocen", asegura Consuelo Abril, presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres.

Las interminables horas de trabajo, la exigencia añadida de las tareas de hogar, el cuidado de los hijos y cierta tendencia a la formación de guetos no propician el contacto con la sociedad local y el acceso a la información sobre sus derechos de las mujeres inmigrantes. Y sus salarios son reducidos, por lo que necesitan el apoyo de otro sueldo. Los agresores se aprovechan de la situación de precariedad afectiva y económica de sus víctimas, haciéndoles ver que ellos son lo único que tienen. A ello se añade la falta de redes sociales de apoyo. En palabras de Lorente, uno de los factores fundamentales que diferencia a la víctima extranjera de la española es que, en el caso de la primera "el agresor controla todas las fuentes de apoyo externo y, además, actúa en nombre de un bien superior: el honor. Él es el guardián del orden establecido. Aquí el asesinato es moral".

Los casos en que la víctima inmigrante es irregular o ha llegado a España reagrupada son aún más difíciles y delicados, como ya han denunciado los expertos. De entrada, estas mujeres perciben a las administraciones públicas más como una amenaza que como una protección; tienen miedo a no ser creídas, a que la denuncia pueda afectar a su proceso de regularización y a la normativa de extranjería. La autorización de residencia de las reagrupadas está condicionada a la convivencia con su pareja, y no tienen permiso para trabajar. Para no perder la autorización al separarse de su agresor, deben contar con una orden de protección judicial y ésta "puede llegar en 48 horas o tardar varios meses", apunta Abril. Además, la autorización de residencia independiente no va acompañada de un permiso de trabajo, con lo que carecen de autonomía. Se les exige que cuenten con una oferta de trabajo. Abril reivindica que estas mujeres deberían recibir unas ayudas económicas mínimas para que puedan sobrevivir mientras consiguen la orden judicial de protección y el permiso de residencia.

Las inmigrantes ilegales ya se encuentran con una gran barrera para salir del círculo del maltrato: las dependencias policiales y la Instrucción 14/2005, que les puede acarrear la apertura de un expediente sancionador según la normativa de extranjería. A pesar de que el artículo 17 de la Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece que "todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tienen garantizados sus derechos", la mencionada Instrucción recuerda al funcionario policial que tiene "la obligación" de "abrir un procedimiento sancionador". Y éste puede acabar en expulsión o multa, aunque quede en suspenso mientras se dicta la resolución judicial sobre la orden de protección y la autorización de residencia temporal. Algunas abogadas consultadas confiesan que tienen sus estrategias para evitar la Policía, como denunciar en el juzgado de guardia o ante la policía municipal, o hablar con la dependencia policial para asegurarse de que la Instrucción no se va a seguir. Montserrat Comas, vocal del Consejo General del Poder Judicial, explica: "En el terreno de la tutela penal, incluso desde antes de la entrada en vigor de la Ley Integral, en España jamás se ha diferenciado la condición administrativa de la víctima. En ningún juzgado de instrucción se pide el permiso de residencia para continuar con la tramitación de la denuncia o la investigación del delito". Pero, a continuación, reconoce: "Sí que existe una ley, la de Extranjería, que colisiona con los supuestos de la Ley Integral, y ambas son leyes orgánicas".

Otro de los obstáculos de la mujer inmigrante en situación irregular es que se le exige la denuncia para acceder a centros de acogida o tratamientos psicológicos. Y muchas veces ellas, por miedo, la retiran. Finalmente, al ser irregulares, no pueden acceder a las ayudas económicas para las víctimas de violencia de género con orden de protección judicial y sin ingresos, como la Renta Activa de Inserción, adscritas al ámbito de las ayudas sociales para demandantes de empleo. Y si quieren trabajar, les ocurre lo mismo que a las reagrupadas; es decir, necesitan una oferta de trabajo. Ester García, abogada especialista en violencia de género y extranjería, y Consuelo Abril coinciden, además, en que "la mayoría de los abogados de turno de oficio en violencia de género tienen poco conocimiento de extranjería". En definitiva, como mantiene Abril, "las víctimas extranjeras de violencia de género necesitan una discriminación positiva; debería haber otro 016 para ellas". Y es que, "al salir la Ley Integral hubo mucha autocomplacencia. Ahora desde el Gobierno se está empezando a reconocer que hay insuficiencias, en especial respecto a la mujer inmigrante", confiesa.